Redacción | CHOLULA OPINA
En un contexto donde la ciudadanía exige cambios y se manifiesta por sus derechos, una reciente orden relacionada con la celebración del 15 de septiembre en la plaza "La Concordia" ha levantado indignación entre los cholultecas.
La instrucción de retirar la carpa donde se mantiene el plantón en protesta por el fraude electoral en San Pedro Cholula, para "garantizar la seguridad y protección" durante las festividades plantea preocupaciones sobre la verdadera intención detrás de esta medida.
La autoridad argumenta que dicha acción busca prevenir riesgos durante las celebraciones, como la quema de fuegos artificiales. Sin embargo, al observar el contexto, surge la inquietante pregunta: ¿es realmente la seguridad lo que se busca, o es, más bien, un intento de silenciar voces críticas en un momento donde la protesta social se hace más necesaria que nunca? ¿No será, acaso, un intento desesperado de Angón y Tonantzin Fernández por silenciar las voces que luchan por reivindicar el triunfo legítimo de Roxana Luna? Todo sugiere que así es.
Las tradiciones son, sin duda, un aspecto emblemático de la identidad cholulteca, pero no pueden ser utilizadas como justificación para restringir el derecho a la libre expresión.
El pueblo tiene el derecho legítimo de manifestarse, especialmente cuando se lucha por causas justas. Al disolver protestas bajo el pretexto de la protección civil, se corre el riesgo de transformar un espacio de celebración en un terreno de represión.
Históricamente, los gobiernos han utilizado la seguridad como un argumento para limitar libertades, y la presente medida parece seguir esa línea.
La protección civil no debe ser un velo que cubra la falta de atención a las demandas sociales. Una verdadera cultura de autoprotección involucra escuchar a la ciudadanía y responder adecuadamente a sus inquietudes, no únicamente imponer restricciones.
Es fundamental recordar que la seguridad y la democracia no son mutuamente excluyentes. La creación de un espacio seguro debe incluir el respeto a la protesta pacífica y la posibilidad de una discusión abierta sobre las demandas sociales. La disolución de estas manifestaciones, bajo argumentos cuestionables, no solo debilita la voz del pueblo, sino que también pone en riesgo el tejido democrático de nuestra sociedad.
Es hora de que Paola Angón, alcaldesa saliente, reconsidere estas medidas. La protección civil debe servir a las personas y no ser un pretexto para silenciar sus voces en un momento crítico para Cholula y para el país.
